Más balaceras y amenazas contra el gobernador

 Hasta el momento una escuela, un banco y un hospital han sido baleados tras los trabajos ordenado por el gobernador en la cárcel de Piñero 

 En un nuevo episodio de violencia, la ciudad de Rosario fue escenario de dos ataques armados en pocas horas. La sucursal del banco Macro en Saavedra y el hospital de emergencias Clemente Álvarez fueron blanco de balaceras, seguidas de una amenaza de muerte al gobernador Maximiliano Pullaro por parte del pabellón 9 de la cárcel de Piñero. Las intimidaciones podrían vincularse con la reubicación de reclusos de alto perfil recientemente realizada.

Los sicarios, desplazándose en motocicletas, abrieron fuego en la calle Vera Mujica, dejando una única vaina servida que la policía incautó para peritar. De manera similar al ataque al banco Macro en barrio Cura, los agresores dejaron una nota escrita. Las primeras acciones fueron ejecutadas por la Gendarmería Nacional y se remitieron al fiscal Lucas Altare.

Foto: Alan Monzón (@rosario3) - imagen de la escuela N° 63 "Almirante Guillermo Brown" baleada

Ambos atentados serán investigados de manera conjunta por el fiscal Franco Carbone, jefe de la unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación. Además, la escuela Nº 63 “Almirante Guillermo Brown” sufrió un ataque a tiros en la madrugada, evidenciado por la presencia de un ladrillo suelto, aunque sin nota o papel asociado.

La policía encontró 16 vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del ataque a la escuela, que también serán peritadas por orden del Ministerio Público de la Acusación. La Secretaría Territorial Educativa vinculó estos actos a las medidas tomadas por el gobernador Pullaro, destacando la colaboración entre los ministerios de Seguridad y Educación.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en una conferencia de prensa, calificó los eventos como una respuesta a las recientes decisiones respecto a la población carcelaria. Desde la puerta de la seccional 32ª de barrio Godoy, Cococcioni anunció medidas de seguridad, incluyendo levantamiento de custodias, operativos de cacheo y control en la vía pública, así como restricciones en complejos penitenciarios. Enfatizó la firmeza del gobierno ante las acciones criminales, asegurando que no permitirán que afecten las decisiones estratégicas del estado.

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